Los obispos de Guatemala se pronuncian contra el acuerdo con EEUU frente a la inmigración

[Español 71.112]

 Guatemala se encuentra en la situación de firmar un acuerdo en materia de inmigración, que implicaría que el país hispano americano hiciese de muro de contención frente a los flujos migratorios que circulan hacia EE.UU.

Si la firma de este acuerdo se llevase a cabo, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se comprometería con Donald Trump a ejercer de valedor de los intereses norteamericanos, impidiendo el flujo de inmigrantes hacia el norte y actuando de tercer país seguro, cosa que implicaría la acogida de toda esa masa de personas, según el Estatuto de Refugiados. Una situación que, dada la realidad social y política de Guatemala, el país no puede asumir pues implica asegurar una serie de derechos que aquella nación no está en disponibilidad de ofrecer con garantías, ni siquiera a sus propios nacionales.

Ante esta situación esperpéntica, los obispos guatemaltecos han manifestado su preocupación por las consecuencias que tendría la firma de dicho acuerdo.

 

Cita

Guatemala: Preocupación de los obispos ante la posible firma de un acuerdo con Estados Unidos

Para ejercer como tercer país seguro

julio 15, 2019 16:25 Larissa I. López

(ZENIT – 15 julio 2019).- Ante la posibilidad de firma de un acuerdo entre el presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Guatemala, Jimmy Morales, que implicaría el compromiso para Guatemala de ejercer la función de tercer país seguro, la Conferencia Episcopal de este país difundió un comunicado el pasado 13 de julio de 2019 para manifestar sus impresiones y realizar un par de peticiones.

En dicho texto, titulado “Mi padre fue un arameo errante” (Dt 26,5), en primer lugar, los obispos confiesan su preocupación ante las consecuencias que podría acarrear dicha alianza, ya que consideran que agravaría más “la difícil situación de los migrantes en nuestro país, personas que buscan en el norte las oportunidades que aquí les son negadas”.

Por otro lado, consideran que las iniciativas del gobierno deberían “centrarse en su responsabilidad de proveer con un mínimo de oportunidades de vida digna a la población”.

En segundo lugar, se muestran convencidos de que el país no sería capaz de absorber “a la población migrante que venga de otros países y con los que nos obligaríamos a mantener y a proveer de seguridad, atención en salud, albergues adecuados, y eventualmente fuentes de trabajo”.

Asimismo, trasmiten su inquietud ante la falta de transparencia frente a un asunto tan relevante para el país y su temor ante “una imposición evidente que mostraría cesión de soberanía y damnificaría grandemente al pueblo de Guatemala”.

Migrantes

Por todo ello, los miembros del episcopado de Guatemala solicitan que se renuncie a firmar un acuerdo como este porque menoscaba “el bien y soberanía misma del país” y que el tema de la migración “tanto en nuestros propios migrantes como en los que atraviesan nuestro territorio sea considerado como asunto de primerísima importancia tanto para el sector público como para toda nuestra sociedad”.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas por CNN en español, ayer, domingo 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional que dictamina que el presidente Jimmy Morales no podría formalizar dicho convenio con Estados Unidos sin el mecanismo correspondiente, ya que esto va contra la normativa vigente.

Tercer país seguro

Según explica BBC Mundo, la idea de “tercer país seguro” surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en 1951, en Ginebra (Suiza).

El concepto, resumidamente, implica que, cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.

Según la Convención de Ginebra, hay unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. La fundamental es que garantice que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen, esto es, que se respete el principio de “no devolución”.

Además, deben asegurar: el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación; el derecho a la reunificación familiar; y que los solicitantes presentan un vínculo cercano con ese tercer país.

 

[Vanu Gómez 64.181]

Este empeño de los americanos de querer llevar su justicia fuera de sus fronteras. Como el famoso Tribunal internacional que quieren montar para poder demandar a los estados que no asuman su visión del comercio mundial o de los "equilibrios" militares.

[Español 71.112]

Pues parece que, tanto Guatemala como México, no están dispuestos a ceder a las pretensiones de Trump de convertir esas naciones en el muro fronterizo yankee.

Cita

México y Guatemala cierran filas para no dar asilo a emigrantes

Trump quiere que los centroamericanos hagan ese trámite en los países que cruzan

Adrián Espallargas

 

México Actualizado:17/07/2019 01:44

El Gobierno de México rechazó las nuevas medidas aprobadas por Donald Trump para limitar las opciones de solicitar asilo en EE.UU. a los inmigrantes que entren por tierra desde su país. «México no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida y seguridad en su país de origen por motivos de persecución», dijo en rueda de prensa el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ebrard descartó que la medida convierta a México «de facto» en un «tercer país seguro», ya que las personas que sean deportadas desde EE.UU. deberán ser devueltas a su nación de origen y no a México. En ese aspecto, el canciller reiteró que México no planea convertirse en un «tercer país seguro», un acuerdo bilateral que implica que los inmigrantes que pidan asilo en EE.UU. tras haber atravesado previamente México tendrían que tramitar allí su solicitud de refugiados. Trump quiere firmar este acuerdo con López Obrador para reducir la presión en la frontera.

La legislación estadounidense permite a los inmigrantes pedir asilo o refugio una vez que entran en el país. Sin embargo, las nuevas normas establecen que los inmigrantes que antes hayan atravesado otro país, deben pedir asilo en ese tercer país y no en la frontera estadounidense. La gran mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México son centroamericanos que antes han tenido que cruzar el país latinoamericano y Guatemala. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional emitieron las normas que entraron en vigor el martes.

Ante la mayor presión migratoria que provocarán las medidas en la frontera mexicana, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó que la norma «configura a México como tercer país seguro». «La Secretaria de Relaciones Exteriores nos dijo que no aceptaríamos el principio de “tercer país seguro”», dijo durante una comparecencia en la Cámara legislativa Muñoz Ledo, político que actualmente forma parte de Morena, el partido que dirige López Obrador.

Precisamente, Muñoz Ledo atacó duramente el acuerdo alcanzado hace un mes por la Administración de López Obrador con el Gobierno de Trump para enviar más de 20.000 soldados y policías para frenar el flujo de centroamericanos indocumentados que atraviesan el país mesoamericano, a cambio de evitar la imposición de aranceles sobre todos los productos importados desde México. «No se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes», concluyó el veterano político.

Un flujo que no cesa

Y es que a pesar de que las deportaciones desde México subieron hasta los 21.912 casos en junio, unas 4.000 más que en mayo, el flujo de emigrantes que atraviesan el país no cesa. «La gente no va a dejar de emigrar, sólo hay que ver la situación de pobreza e inseguridad en Honduras», dice Alberto Pradilla, autor del libro «Caravana» (Debate) que relata el viaje de la caravana de centroamericanos que recorrió México hacia EE.UU. a finales de 2018. «Cuando a un flujo migratorio le cierras la puerta, va a buscar la entrada por la ventana», dice Pradilla a ABC para explicar que las personas están buscando caminos más clandestinos y, por lo tanto, peligrosos para avanzar al norte.

«Estamos viendo que las personas siguen llegando, detienen a más familias con hijos, pero el flujo no se detiene», comenta Salva La Cruz, del centro de DD.HH. Fray Matías de Córdova ubicado en Tapachula, municipio mexicano próximo a la frontera con Guatemala. Las nuevas normas anunciadas por EE.UU., en ese aspecto, pondrían en mayores aprietos a unos ya saturados servicios migratorios mexicanos, dado que podrían decantarse por solicitar asilo en el país mesoamericano ante la imposibilidad de conseguir este estatus en la primera potencia. Así es como las solicitudes de asilo de extranjeros en México se han incrementado un 73% entre enero y junio de 2019.

Mientras tanto, las nuevas medidas de EE.UU. fueron anunciada apenas un día después de que el domingo pasado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala haya prohibido temporalmente que la nación centroamericana pueda convertirse en un «tercer país seguro», un acuerdo que supuestamente el presidente Jimmy Morales tenía pensado firmar con el gobierno de Trump a lo largo de esta semana.

Las elevadas tasas de criminalidad y pobreza en México y Guatemala son, sin embargo, dos de las mayores dificultades con las que se encuentra el Gobierno de Trump para firmar «tercer país seguro», puesto que se trata de dos estados con limitados recursos para atender a las cerca de 500.000 personas que cada año ponen rumbo a Estados Unidos desde el Triángulo Norte de Centroamérica, región compuesta por El Salvador, Honduras y la propia Guatemala.